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 Ordenanza de Justicia

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Nicolino
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Localización : Játiva, Reino de Valencia

MensajeTema: Ordenanza de Justicia   Jue Ene 03, 2013 10:56 pm

Citación :


    ORDENANZA DE JUSTICIA

    Nos, Nicolás Borja, XXX Gobernador del Reino de Valencia, habiendo sometido esta ley a un prolongado análisis y votación por parte de Nuestro Consejo, aprobamos y sancionamos la siguiente Ordenanza, que reforma, suple y reemplaza a todas las anteriores referidas a la justicia, derogándolas, así como teniendo por objetivo cubrir, de forma atemporal y hasta que se decida su modificación, los nuevos delitos que han nacido con el correr de los años, y tener una perspectiva más amplia y previsora, renovada y justa, de como debería ser nuestro sistema judicial, para acercanos a la Perfección, bajo la Luz del Creador, y la mirada de nuestros Profetas.

    Sea esta ley, en respeto de nuestros Fueros, para mayor gloria del Reino de Valencia, y beneficio de sus estamentos.


    CAPÍTULO I: De la Justicia en el Reino de Valencia

    Título I: Principios Generales

    Art. 1.- Quedan sujetos a la presente Ordenanza de Justicia todos los ciudadanos del reino de Valencia, así como los extranjeros que se encontrasen en territorio valenciano.

    Art. 2.- Los estamentos nobiliario y eclesiástico se acogerán al presente código hasta que sean aprobados sus estatutos y concordatos propios como corresponde a sus estamentos.

    Art. 3.- Todo testimonio comprobable será considerado prueba válida en un juicio, pudiendo incluso remplazar a las pruebas formales o físicas.

    Art. 4.- Nadie podrá ser declarado, ni llevar el estigma de ser culpable de un delito mientras tanto no sea declarado culpable tras un juicio según el acuerdo de nuestras leyes y en observancia de nuestros Fueros.

    Art. 5.- En caso de juicios por acciones llevadas a cabo en el extranjero, o por delitos perpetrados por ciudadanos bajo la soberanía de otros Reinos, se aplicarán los procedimientos establecidos en el correspondiente Tratado Judicial por encima de la presente ordenanza.

    Art. 6.- Toda pena deberá basarse cuantitativamente en el daño causado por el condenado, más una penalización proporcional a su crimen, a modo de castigo que rectifique el sendero del juzgado. Asimismo, se juzgará toda tentativa de cometer un delito como si se tratara de un delito consumado.

    Art. 7.- Los delitos cometidos en el Reino de Valencia no prescriben, ni tienen plazo máximo para ser denunciados.

    Título II: Mediaciones y disposiciones anteriores al juicio

    Art. 1.- El objetivo de la mediación es resarcir los daños causados a los damnificados por medio de una compensación, bien sea el afectado un particular, un ayuntamiento o la Generalitat. La mediación implica el levantamiento de los cargos sobre el acusado si esta es exitosa.

    Art. 2.- Todo súbdito valenciano tendrá derecho a solicitar mediación ni bien se haya publicado en la comisaría del Reino la denuncia en su contra, si se cumplieran las siguientes condiciones:

      §1. El acusado no posee antecedentes penales ni es reincidente.
      §2. El delito por el que se le acusa se trata de un delito comercial, venial o un delito contra el honor. Los delitos de sangre, contra la propiedad y contra el Reino no tienen posibilidad de mediación.


    Art. 3.- Asimismo, la policía del Reino (o la institución con potestades equivalentes al momento de realizarse la denuncia), podrá ofrecer por medio de carta la posibilidad de mediación.

    Art. 4.- Las compensaciones que deban aplicarse variarán según el caso y el delito, dependiendo del criterio de quien vaya a ser mediador entre las partes, función que recae en la policía del Reino.

    Art. 5.- El acusado en proceso de mediación no podrá desplazarse del Reino ni de la ciudad donde se realice hasta que la mediación concluya. En caso de que se desplace, se comprenderá que intenta huir, y se abrirá inmediatamente el juicio correspondiente, cerrándose el proceso de mediación.

    Art. 6.- Si el acusado en proceso de mediación entra en retiro, la mediación se suspenderá hasta su regreso, o si la policía estima que es una maniobra evasiva, se procederá a abrir el juicio a su regreso.

    Título III: Acta de la acusación y sentencia

    Art. 1.- El acta de la acusación redactada por el Fiscal deberá incluir lo siguiente:

      §1. Fecha en que comienza el proceso.
      §2. Nombre del Fiscal que comienza el proceso.
      §3. Delito por el que se acusa al imputado.
      §4. Artículos de la ley que declaran delito al hecho por el que se acusa al imputado.
      §5. Primer ofrecimiento de reducir su pena por medio de una donación al Reino.


    Art. 2.- La sentencia del Juez debería incluir lo siguiente:

      §1. Fecha en que se dicta la sentencia.
      §2. Nombre del Juez que dicta la sentencia.
      §3. Criterios utilizados a la hora de tomar la decisión, y explicación, si es posible, de la condena y en que se basa para darla.
      §4. Artículos de la ley que declaran inocencia, nulidad o condena.
      §5. Condena decidida o absolución justificada.
      §6. Exponer el plazo existente para que el juzgado pueda apelar su sentencia al Tribunal Supremo de Apelación, si la considera injusta o contra el espíritu de las leyes.


    Art. 3.- Un minucioso registro de los juicios y las sentencias será llevado de forma conjunta por el Equipo Judicial y la policía, que registrará testimonios, alegatos, y consecuencias del juicio.

    Título IV: Antecedentes y su duración

    Art. 1.- Los antecedentes por los delitos por estafa y especulación y los delitos contra el honor tendrán una duración (o caducidad) de cuatro meses, pudiendo ser reducidos a dos meses si el ciudadano juzgado, habiendo demostrado su arrepentimiento y fidelidad al Reino, solicita a la policía del Reino o al Gobernador que sus antecedentes sean limpiados. La policía o el Gobernador podrán denegar o aceptar la petición, basados en su criterio.

    Art. 2.- Los antecedentes por delitos contra la propiedad, delitos de sangre o delitos contra el Reino tienen una duración indefinida. Sin embargo, tras un plazo de seis meses, habiendo sido demostrado fervorosamente el arrepentimiento del ciudadano juzgado así como su fidelidad al Reino, este podrá solicitar al Gobernador (con la autorización del Rey) a cambio de una contribución a las arcas de Valencia la total supresión de sus antecedentes. El Gobernador o el Rey podrán denegar o aceptar la petición, basados en su criterio.

    Art. 3.- Un minucioso registro de antecedentes será llevado de forma conjunta por el Equipo Judicial y la policía, que observará la caducidad de los mismos, las causas y su perdón.

    CAPÍTULO II: De los Crímenes y sus Penas

    Título I: De la Estafa

    Art. 1.- Todo incumplimiento de una Ordenanza de la Generalitat relativa al Comercio, Precios máximos y mínimos, contratos de funcionarios, evasión de impuestos y morosidad en los mismos, o regulaciones económicas e impositivas en general, así como incumplimiento de pactos y acuerdos económicos entre personas con el aval del Alcalde, será considerado Estafa.

    Art. 2.- También será considerada Estafa el desabastecimiento de los mercados con fines comerciales o especulativos, así como la especulación leve y moderada en determinados productos, al menos de que las Ordenanzas de Comercio decretaran lo contrario.

    Art. 3.- Todo otro acto emprendido con deseo de obtener ganancia de una forma considerada como deshonesta, por medio del comercio o el trabajo, será juzgable, a criterio del Fiscal, como estafa, así como el uso de engaños o mentiras al llegar a un acuerdo comercial o de contratación.

    Art. 4.- La Estafa será castigada con multa equivalente y proporcional al monto defraudado, partiendo de la base de 20 escudos y 1 día de cárcel, aumentable hasta el máximo de dinero que el acusado poseyera en el inventario (o fuera demostrable su posesión) y el máximo de cárcel posible según su estatus social [nivel]. En caso de que los agravantes lo justificaran, el acusado podrá ser ejecutado.

    Título II: Del Esclavismo

    Art. 1.- Todo incumplimiento por parte de una ciudadano contratante a las tablas salariales obligatorias que pudieran existir, o cualquier contravención a leyes que regularan el empleo será considerado esclavismo. Sin embargo, podrán preverse situaciones donde los contratos puedan ser más bajos por mutuo acuerdo.

    Art. 2.- El Esclavismo será castigado con una multa equivalente y proporcional al monto defraudado, partiendo de la base de 20 escudos y 1 día de cárcel, aumentable hasta un máximo de 3 días de cárcel. En caso de que los agravantes lo justificaran, podrá aumentarse el número de días en prisión para el acusado hasta el máximo permitido según su estatus social [nivel].

    Título III: Del Desorden Público

    Art. 1.- Se considera delito de perturbación del orden público el hecho de difamar a un ciudadano con el fin de provocarle descrédito o mala reputación, utilizar cualquier medio o forma de líbelo para calumniar a cualquier súbdito de valencia, o lanzar contra él acusaciones infundadas.

    Art. 2.- También será considerado Desorden Público el abordar un barco como polizón, evadiendo el pago del pasaje, o el negarse a descender por orden del capitán o las autoridades del Consulado del Mar.

    Art. 3.- Asimismo se juzgará bajo los cargos de Desorden Público la tentativa y la comisión del robo de bienes a particulares mediante el bandidaje. Incitar a cometer tales delitos, brindar información para colaborar con su concreción, o encargar el robo y participar en la repartición del botín, es juzgable de la misma forma.

    Art. 4.- Se considera delito de Desorden Público el infringir daños graves a otra persona, el homicidio y la tentativa de homicidio, así como incitar a hacerlo, o encargar el asesinato. Sin embargo, todo soldado bajo cumplimiento de las órdenes de sus superiores, en guerra o no, no podrá ser juzgado por ello. También quedarán libres de toda culpa aquellos que cometen homicidio en propia defensa durante un intento de robo o circunstancia similar.

    Art. 5.- Los duelos justos donde dos contrincantes se batan por cualquier ofensa o razón, no serán considerados delito, por más que acabaran con la muerte de uno de los dos contrincantes. El duelo, de la misma forma, libera a los combatientes de cualquier posibilidad de realizar una denuncia por calumnias o difamación, que fueran causa del mismo.

    Art. 6.- Las calumnias y la difamación serán castigadas con un mínimo de 1 día de cárcel, pudiendo llegar a 3 si el juez lo considerara justo. Según la gravedad de las acusaciones y el daño que pudieran haber ocasionado a la víctima, podrá aplicarse una multa de hasta 200 escudos. En caso de que los agravantes lo justificaran, el acusado podrá ser condenado al destierro.

    Art. 7.- El robo será castigado como un delito de máxima gravedad. Se aplicará una multa igual al monto y a las mercancías que fueran (o pudieran haber sido, si se tratase de intento de comisión del delito) robadas/afectadas como base a la que se le añadirá una cantidad de escudos extra, que será punitiva. A esto se añadirá el máximo de cárcel posible según el estatus del condenado. Si los agravantes lo justificasen, el reo podrá ser ejecutado en el patíbulo, o perseguido por las tropas del Reino.

    Art. 8.- Los delitos de sangre (homicidios o daños a la integridad de la persona), serán castigados como un crimen de máxima gravedad. Se condenará a los reos de homicidio a la horca, y a la persecución por parte de las tropas del Reino. Si los agravantes lo justificasen, el responsable por la comisión del delito podrá ser desterrado, o condenado también a la máxima multa posible.

    Título IV: De la Traición

    Art. 1.- Se considera delito de Traición el incumplimiento de los Fueros de los que emana toda ley y todo orden de nuestro Reino.

    Art. 2.- Se considera delito de Traición el incumplimiento de toda ley valenciana aprobada por la Generalitat, el Rey o las Cortes, que no tenga fijada una pena explícita por su incumplimiento.

    Art. 3.- La colaboración, creación o pertenencia a cualquier secta religiosa, confraternidad secreta, organización criminal o sociedad de la misma índole, que tuviera como fines acciones que contravinieran la ley, o que en la práctica incurrieran o pudieran incurrir en delitos contra Valencia o sus súbditos, será considerado Traición, independientemente de que fueran valencianas o extranjeras.

    Art. 4.- Se considera delito de Traición la manipulación de los testigos llamados a juicio, así como el dar falso testimonio, con el fin de favorecer intereses personales, de los involucrados, u obstruir la justicia.

    Art. 5.- Se considera delito de Traición el hecho de negarse a cumplir o incumplir con la sentencia del Tribunal.

    Art. 6.- Se considera delito de Traición el hecho de negarse a cumplir, de forma consciente, las órdenes del Consejo o cualquier institución con capacidad y legitimidad para dar la orden.

    Art. 7.- Se considera delito de Traición la negligencia manifiesta y comprobable por parte de cualquier institución condal o municipal del Reino por afinidad con otra persona, intereses propios o con deseo de obstruir la justicia.

    Art. 8.- Se considera delito de Traición el uso irresponsable de un mandato otorgado por las autoridades municipales, haciendo un uso grave y nocivo de él o negándose a devolverlo.

    Art. 9.- Se considera delito de Traición el hecho de asaltar sin autorización del Gobierno un ayuntamiento o incitar a hacerlo de forma pública o en privado.

    Art. 10.- Se considera delito de Traición el comunicar información falsa, velada o interesadamente incompleta a otros territorios que pudiesen poner en peligro las buenas relaciones diplomáticas, al menos de que se haga siguiendo los dictados de la autoridad diplomática competente y con un objetivo secreto.

    Art. 11.- Se considera delito de Traición todo acto de piratería contra barcos con bandera valenciana y de capitanes con reconocimiento del Consulado del Mar, indistintamente de donde fuera cometido. Se considerará un grave ataque contra el Reino, y se garantizará la prohibición de poder comerciar con el Reino a quienes practiquen tan bajos actos. Este artículo podrá ser extensivo a los piratas que ataquen navíos con banderas y capitanes de otros Reinos/Compañías, que estén vinculados a Valencia por medio de tratados.

    Art. 12.- La Traición será castigada con el máximo de cárcel permitido según su estatus, y multa significativamente superior al monto saqueado en caso de asalto de ayuntamiento/robo de mandatos/piratería, o suma equivalente al monto defraudado, de forma conjunta a destierro si el juez así lo viera necesario. También podrá aplicarse en vez de la cárcel, la ejecución, mas debe ser prioritaria la pena económica al imputado en caso de saqueo de barcos, mandatos o ayuntamientos.

    Título V: De la Alta Traición

    Art. 1.- Se considera delito de Alta Traición la conformación o amenaza de conformación de un ejército no autorizado ni reconocido como valenciano por las autoridades correspondientes.

    Art. 2.- Se considera delito de Alta Traición la participación de un súbdito valenciano en un conflicto bélico contra el Reino de Valencia, o el apoyo de la causa extranjera y su soporte de cualquier forma.

    Art. 3.- Se considera delito de Alta Traición la ocultación de forma consciente de datos de vital importancia para la seguridad interna del Reino.

    Art. 4.- Se considera delito de Alta Traición el hecho de comunicar información confidencial del Reino o de alguna ciudad a una potencia extranjera o a cualquier organización criminal con el fin de perjudicar y lesionar los intereses de Valencia, así como divulgar información secreta de las instituciones públicamente.

    Art. 5.- Se considera delito de Alta Traición todo tipo de infiltración en las Instituciones del Reino o espionaje al servicio de una nación extranjera, de los intereses propios, de secta herética, de asociación criminal o similar.

    Art. 6.- Se consideran delitos de Alta Traición todos aquellos cometidos por las tropas del Reino en perjuicio del status quo legítimo, o aquellos delitos no enmarcados en el Fuero militar imputables a las autoridades del ejército.

    Art. 7.- Se considera delito de Alta Traición cualquier tipo de acto desleal de la nobleza, los oficiales del ejército y los funcionarios del Reino hacia Valencia, así como su conspiración para cambiar el status quo legítimo.

    Art. 8.- Se considera delito de Alta Traición la percepción de cualquier tipo de soborno a fin de garantizar salvoconductos, la aprobación de cualquier norma o acciones que podrían beneficiar a una nación extranjera, o a intereses adversos a los del Reino de Valencia.

    Art. 9.- Se considera delito de Alta Traición el hecho de manejar un ayuntamiento de forma dolosa y lesiva para los intereses de la ciudad o el cometer graves irregularidades económicas sirviéndose de su puesto, tanto en la gestión ordinaria, como en los mandatos o el cobro de impuestos.

    Art. 10.- Se considera delito de Alta Traición el hecho de manejar las arcas del Reino o un Ayuntamiento de forma irresponsable, generando una grave e injustificable pérdida de fondos respecto a cuando tomó posesión de su puesto.

    Art. 11.- Se considera delito de Alta Traición asaltar (o incitar a hacerlo/apoyar de cualquier forma su toma) el Castillo sin autorización explícita del Rey o de las Cortes.

    Art. 12.- Se considera delito de Alta Traición el uso irresponsable de un mandato otorgado por las autoridades condales, haciendo un uso grave y nocivo de él o negándose a devolverlo.

    Art. 13.- Se considera delito de Alta Traición el enriquecimiento ilícito por parte de alcaldes o miembros del Gobierno que tuvieran acceso a las arcas públicas.

    Art. 15.- Se considera delito de Alta Traición la Lesa Majestad, en todas sus formas, entendiéndose al Rey como Monarca y defensor de los Fueros, máximo representante del Reino.

    Art. 16.- Los delitos de Alta Traición, serán castigados con la severidad correspondiente, al tratarse de crímenes de extrema gravedad y que ponen en sumo peligro la paz y prosperidad del Reino de Valencia, pudiendo causar daños muchas veces irreparables. Los culpables de Alta Traición serán condenados con el destierro o la ejecución, y con la máxima multa posible, teniendo en cuenta el dinero que pudieran haber sustraído, siendo el objetivo de la condena desposeer totalmente al reo. Esta multa podrá ser remplazada por el máximo de cárcel posible si tras una seria investigación el culpable se encuentra incapaz de pagar un mínimo de 100 escudos. Si el juez y las autoridades del ejército lo dictaminaran, los culpables de este crimen serían perseguidos por las tropas del Reino.

    CAPÍTULO III: De los agravantes y atenuantes en una sentencia

    Título I: Eximición de multa, cárcel o ejecución a cambio de una donación

    Art. 1.- Cualquier acusado de cualquier delito, podrá realizar una donación al Reino que reducirá la multa que el juez vaya a asignarle en proporción de 1 escudo y 50 denarios de multa cada 1 escudo donado.

    Art. 2.- De la misma forma, el reo podrá descontar días de cárcel por medio de donaciones al Reino. Cada 30 escudos donados se descontará 1 día de cárcel de la pena a pronunciarse por el juez. La cifra de 30 escudos nace del salario que una persona encerrada en la cárcel se pierde de cobrar, más las pérdidas de características que el acusado podría tener tras el día pasado en la cárcel, menos un descuento que tiene como fin fomentar el uso de esta opción.

    Art. 3.- Otrosí, el acusado podrá evitar su deshonrosa ejecución y pérdida total del carisma si realiza una donación de 250 escudos al Reino.

    Art. 4.- El Fiscal (o en su defecto las autoridades en que se delegara este poder) tendrá el deber de indicarle al acusado su derecho a utilizar estas opciones, en el plazo que estime oportuno, a fin de redimir sus pecados y colaborar con el Reino para reducir su pena, y darle un resultado benéfico a la justicia, no basada en principios destructivos, sino de resarcir el daño hecho al pueblo valenciano por medio de estas donaciones, más útiles que la eliminación de dinero por medio de multas.

    Art. 5.- Para probar que la donación si fue realizada, el Baile deberá informar al Tribunal que esta se ha concretado, y el acusado presentar las pruebas correspondientes, antes de dictarse la sentencia.

    Título II: Atenuantes

    Art. 1.- La buena predisposición ante la justicia y la confesión de su culpabilidad en los hechos, acompañada de un sincero deseo de resarcir su falta y arrepentimiento.

    Art. 2.- Compromiso de no volver a delinquir.

    Art. 3.- Haber obrado desde la ignorancia de la ley, desconociendo las consecuencias y significado de sus actos.

    Art. 4.- No poseer antecedentes penales.

    Art. 5.- Testimonio de tratarse de una persona honrada, dado por un alcalde, noble o consejero.

    Art. 6.- Tratarse de un fiel aristotélico practicante de la religión.

    Título III: Agravantes

    Art. 1.- Rebeldía ante el tribunal, y desacato al poder reinante.

    Art. 2.- Uso de mentiras en su defensa, o negarse a confesar un hecho cuya comisión está probada.

    Art. 3.- Negarse a colaborar con el Reino por medio de donaciones para resarcir sus faltas, y haber ignorado las mediaciones de ser posibles.

    Art. 4.- Existencia de antecedentes penales.

    Art 5.- Reincidencia y obstinación en la comisión del mismo delito.

    Art. 6.- Haber actuado de forma premeditada y alevosa, a sabiendas de que se infringiría la ley.

    Art. 7.- Haberse aprovechado de una situación de debilidad del Reino o la víctima para la comisión del delito.

    Art. 8.- Intento de huida del Reino y la justicia, por cualquier medio de evasión, previendo las consecuencias de sus actos y desenado escapar de ellas.

    Art. 9.- Que el delito fuera cometido mientras Valencia se hallaba en guerra.

    Art. 10.- El hecho de que el acusado estuviera excomulgado, perteneciera a una secta herética o a una organización criminal.

    DISPOSICIONES ADICIONALES

    Anexo I: Todo delito no contemplado en la presente ley, y que el Tribunal o las autoridades policiales consideren inmoral, deshonesto o susceptible de ser catalogado como un crimen, podrá ser juzgado por el Tribunal argumentando sus causas y la sentencia, sentándose un registro que sirviera de jurisprudencia para próximas modificaciones en la ley.


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